Un sistema de inmigración defectuoso pone en peligro de dañar seriamente los intereses nacionales de EU, advierte grupo de trabajo del CFR

El fracaso continuo en idear y poner en marcha una política de inmigración sólida y sostenible amenaza con debilitar la economía estadounidense, y pone en peligro su diplomacia y su seguridad nacional,” concluye un nuevo Grupo Independiente de Trabajo del Council on Foreign Relations (CFR), copresidido por el ex gobernador de Florida Jeb Bush y el ex jefe del equipo de colaboradores de la Casa Blanca Thomas “Mack” McLarty.

“Es mucho lo que está en juego como para fallar,” señala el informe. “Si Estados Unidos continúa manejando mal su política de inmigración, dañará uno de los fundamentos vitales de la prosperidad y la seguridad estadounidenses, y podría condenar al país a una prolongada y lenta decadencia de su estatus mundial.” Por esta razón, el informe apremia: “Estados Unidos necesita una reforma fundamental de sus leyes de inmigración.”

El informe U.S. Immigration Policy (Política de inmigración de EU) sostiene que Estados Unidos ha obtenido enormes beneficios al abrir sus puertas a los inmigrantes, así como a estudiantes, empleados calificados y otros que tal vez sólo vivan en el país por períodos breves. Pero advierte que “la continua incapacidad de Estados Unidos para desarrollar y aplicar un sistema funcional de leyes de inmigración amenaza con socavar esos logros.”

Dirigido por Edward Alden, miembro senior del CFR, el Grupo Independiente de Trabajo sobre la Política de Inmigración de EU, patrocinado por el CFR, refleja el consenso de un grupo bipartidista de líderes eminentes en los campos de política de inmigración, seguridad interior, educación, trabajo, empresas, academia y derechos humanos. El grupo apremia al Congreso y al gobierno de Obama a llevar adelante una reforma legislativa sobre inmigración que logre tres objetivos esenciales:

-  Reformar el sistema legal de inmigración de modo que opere con mayor eficiencia, responda con más precisión a las necesidades del mercado de trabajo y eleve la competitividad estadounidense;

-  Restaurar la integridad de las leyes de inmigración mediante un régimen de aplicación que desanime con energía a empleadores y empleados de operar fuera del sistema legal, que asegure las fronteras estadounidenses e imponga penas significativas contra quien viole las reglas;

-  Ofrecer una forma justa, humana y ordenada de permitir que muchos de los alrededor de doce millones de migrantes que hoy viven de manera ilegal en Estados Unidos se ganen el derecho a la permanencia legal.

Según el informe, el alto nivel de inmigración ilegal en el país es cada vez más dañino para los intereses nacionales estadounidenses: “disminuye el respeto por la ley, crea riesgos potenciales de seguridad, debilita los derechos laborales, tensa las relaciones de Estados Unidos con su vecino mexicano, e impone una carga injusta a los servicios de educación y sociales en muchos estados.”

Sin embargo, sostiene que “ningún esfuerzo de aplicación de la ley tendrá el éxito apropiado si no se hacen funcionar mejor los canales legales para ingresar en Estados Unidos”. Por lo tanto, “el gobierno estadounidense debe invertir en crear un sistema funcional de inmigración que alivie los prolongados y contraproducentes plazos de espera y retrasos, y garantice que las leyes promulgadas por el Congreso se cumplan a fondo y con eficacia en todos los casos.”

El Grupo de Trabajo delinea una serie de recomendaciones concretas y realistas para reformas legislativas y administrativas que formarían parte de una política de inmigración que sirva mejor a los intereses nacionales estadounidenses:

-  Reforma integral de inmigración: Un nuevo esfuerzo por aprobar una reforma integral sobre inmigración debe ser una prioridad de primer nivel para el gobierno de Obama y el Congreso, y se debe emprender sin retraso/demora.

-  Atraer inmigrantes calificados: Estados Unidos debe hacer frente de inmediato a la creciente competencia por inmigrantes calificados de otros países, y hacer del objetivo de atraer a esos inmigrantes un componente central de su política de inmigración. El informe demanda poner fin a los duros topes a las visas de trabajo de inmigrantes y a las visas por trabajo calificado en favor de un sistema más flexible, eliminar las cuotas estrictas de nacionalidad, y ofrecer nuevas oportunidades para que estudiantes extranjeros que obtengan títulos avanzados de estudios permanezcan en Estados Unidos después de graduarse.

-  Seguridad nacional: El Grupo de Trabajo llama a minimizar las restricciones de visado que impiden la colaboración científica, haciendo notar que la seguridad del país a largo plazo depende de que mantenga su lugar como líder mundial en ciencia y tecnología. El gobierno debe permitir también un esfuerzo más amplio de las fuerzas armadas por reclutar nuevos inmigrantes que no sean aún ciudadanos o poseedores de la residencia permanente, para así fortalecer las capacidades militares estadounidenses.

-  Aplicación de la ley a empleadores: El Grupo de Trabajo apoya un sistema obligatorio para verificar a quienes tienen autorización de trabajar en Estados Unidos, el cual incluya un sistema funcional y confiable de verificación biométrica con documentos seguros. Se deben imponer penas más severas a quienes se nieguen a cumplir. Considera que aplicar la ley a empleadores es “el instrumento de aplicación de la ley más eficaz y humano para desalentar la inmigración indocumentada.”

-  Simplificación, agilización e inversión en el sistema de inmigración: El Congreso y el gobierno de Obama deben nombrar una comisión independiente de alto nivel que formule recomendaciones para simplificar la administración y mejorar la transparencia de las leyes de inmigración. El gobierno debe redoblar esfuerzos por reducir rezagos y otros retrasos innecesarios, invirtiendo en el personal y la tecnología que se precisen para manejar con eficiencia las solicitudes de visa y de inmigración.

-  Mejoramiento de la imagen del país en el exterior: El gobierno y el Congreso deben emprender una revisión integral de las actuales restricciones de viaje a Estados Unidos por motivos de seguridad, con la mira de levantar restricciones que no reduzcan de modo significativo el riesgo de que terroristas o criminales ingresen en el país.

-  Aplicación de la ley en la frontera: El informe favorece la plena aplicación de la Iniciativa por una Frontera Segura, para ganar mayor control operativo de las fronteras nacionales. También llama a expandir las iniciativas de “frontera inteligente” que utilicen tecnologías de información e instrumentos de selección con el fin de distinguir a individuos que pudieran representar un riesgo de seguridad para Estados Unidos y a la vez permitir una entrada más fácil a la vasta mayoría de visitantes e inmigrantes legales.

-  Aplicación de las leyes locales y estatales: Las fuerzas policiales estatales y locales pueden y deben usarse para aumentar las capacidades federales de aplicación de las leyes de inmigración, siempre y cuando ello no interfiera con su misión principal de mantener la seguridad y la protección en las comunidades a las que sirven.

-  Legalización ganada: El Grupo de Trabajo favorece una política de legalización ganada, no una amnistía, para muchos inmigrantes indocumentados que viven hoy día en el país. La ley DREAM (Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Minorías Extranjeras), que se volvió a presentar en la  Legislatura 111, proporciona el modelo adecuado al requerir que personas jóvenes sin estatus legal que deseen permanecer en Estados Unidos asistan a la universidad o presten el servicio militar, y que demuestren buena conducta moral con el fin de ganar su elegibilidad para la residencia permanente.

-  Respeto a los valores estadounidenses: El informe identifica tres áreas que requieren revisión seria e inmediata –políticas de encarcelamiento, penas severas por violaciones menores a las leyes de inmigración y penales, además de políticas sobre refugiados y asilados– y ofrece pasos para atenderlas, entre ellos:

o  Expandir el uso de alternativas a la detención, tales como brazaletes de tobillo o monitoreo de personas en libertad condicional.

o  Permitir mayor discrecionalidad al aplicar algunas de las penas antes aprobadas por el Congreso, como las vedas obligatorias por tres, cinco y diez años para muchos deportados que retornan.

o  Crear una oficina dentro del Departamento de Seguridad Interior que sea responsable de protección de refugiados, y conceder mayor prioridad a asuntos de refugiados por conducto de ese Departamento y en la Casa Blanca.

El consenso en el Grupo de Trabajo bipartidista en torno a estos temas demuestra que se pueden lograr avances en materia de inmigración. El informe concluye que “Estados Unidos tiene la comprensión, las capacidades y los incentivos para ir adelante y crear un sistema de inmigración más inteligente y que funcione mejor, el cual servirá a los intereses de la nación. Es tiempo de realizar esa tarea.”

Consulte el texto completo del informe en:

http://www.cfr.org/immigration_policy

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO

Edward Alden, Council on Foreign Relations

Mary Boies, Boies & McInnis LLP

Robert C. Bonner, The Sentinel HS Group/Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Jeb Bush, Jeb Bush and Associates, LLC

Allan E. Goodman, Institute of International Education

Gordon H. Hanson, University of California, San Diego

Michael H. Jordan, MHJ Holdings Co.

Donald Kerwin, Migration Policy Institute

Richard D. Land, The Ethics & Religious Liberty Commission

Elisa Massimino, Human Rights First

Thomas F. McLarty III, McLarty Associates

Eliseo Medina, Service Employees International Union

Steve Padilla, Aquarius Group Inc

Robert D. Putnam, Harvard University

Andrew D. Selee, Woodrow Wilson International Center for Scholars

Margaret D. Stock, U.S. Army Reserve

Frances Fragos Townsend, Baker Botts, LLP

Kathleen Campbell Walker, Brown McCarroll, LLP

Raul H. Yzaguirre, Arizona State University

El Consejo patrocina Grupos de Trabajo Independientes que tienen el objetivo de evaluar asuntos de importancia actual y crítica para la política exterior estadounidense, y aportar juicios y recomendaciones concretos a quienes trazan políticas. De distinta formación y perspectivas, los miembros del Grupo de Trabajo se proponen alcanzar consensos significativos sobre políticas por medio de deliberaciones privadas y no partidistas. Una vez constituidos, los grupos de trabajo son independientes del CFR y tienen la responsabilidad exclusiva del contenido de sus informes. A los miembros del Grupo de Trabajo se les pide formar un consenso cuyo significado consiste en avalar “el objetivo de política general y juicios alcanzados por el grupo, aunque no necesariamente cada conclusión y recomendación”. Cada miembro del grupo tiene, asimismo, la opción de presentar un punto de vista adicional o disidente. Se incluye una lista de la afiliación de los miembros con el único propósito de identificación y no implica respaldo institucional. Los observadores del Grupo de Trabajo participan en las discusiones, pero son libres de unirse al consenso.

El Council on Foreign Relations (CFR) es una organización independiente no partidista, conformada por un grupo de expertos y editora dedicada a servir como fuente de ideas para sus miembros, funcionarios de gobierno, ejecutivos corporativos, periodistas, pedagogos y estudiantes, líderes cívicos y religiosos y otros ciudadanos interesados, con el objetivo de ayudarles a entender mejor el mundo y las opciones de política exterior que se plantean a Estados Unidos y otros países.